Los Tribunales
Económicos y Administrativos, órganos dependientes del Ministerio de Hacienda
que se encargan de vigilar que Hacienda no cometa “abusos fiscales”, están
colapsados: 300.000 casos desde 2008 que les produce un retraso de unos 4 años
en la resolución de los mismos.
Para empezar diré
que no me inspira mucha confianza que un tribunal de Hacienda juzgue la
actuación de Hacienda. No sugiere mucha
imparcialidad. Pero es lo que hay. La segunda consideración es ¿qué hace Hacienda
para que se acumule semejante cantidad de casos? Pues muy sencillo: Hacienda no cumple sus propios Derechos del Contribuyente, que
deberían ser la base de su trabajo diario.
Para muestra, un
botón; un caso que sufro en carne- billetera- propia:
Hay un derecho
del contribuyente que dice:
1.
Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al
servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan
las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de
interesado.
12.
Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán
tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente
propuesta de resolución.
Está muy
claro. Sólo hay que saber leer y tener
voluntad de hacer las cosas bien. Tenemos
derecho a saber quién lleva nuestros asuntos y, supongo, tratar con esa persona
sobre ellos. Pues, no. No he tenido, como le ha pasado a todos los
demás contribuyentes, la posibilidad de tratar con- ni siquiera de saber quién
es- la persona que llevó mis asuntos. Tampoco
han tenido en cuenta mis alegaciones, ya que la resolución a las mismas está
firmada el mismo día en que yo las entregué – por una persona a la que nunca vi
delante.
Resultado: una
resolución descabellada, con una valoración descabellada- como reconoció el
propio jefe de gestión tributaria de Pontevedra- y un procedimiento lento y
caro, que se podría haber arreglado en media hora en una entrevista con la persona
que tramitó mi expediente.
Ahora el Sr.
Montoro dice que dedicará 15 millones a incentivar a los miembros de dichos
tribunales para que intensifiquen su trabajo y saquen adelante los expedientes.
¿Quiere decir que
los funcionarios de los TEAR no trabajan con dedicación y necesitan incentivos?
En todo caso, una
administración racional, que no esté cada día más separada del contribuyente-
han puesto mamparas para que no veamos a los funcionarios y hay que pedir cita:
cada día más impedimentos-, más atención al público y más eficiencia. Mi problema empieza porque una funcionaria
del Programa Padre hace mal mi declaración de 2009, que incluía una reinversión
en vivienda habitual. Luego viene el
requerimiento, las alegaciones no leídas, la resolución inaudita sin la
audiencia que me correspondía y 8 años de gestiones y tiempo perdido; y mucho
dinero: 8050€ entre devolución e intereses, más abogado; la comprensión de la
persona responsable de la oficina causante del desastre y la desesperación de
quién lleva esperando más de dos años y medio una respuesta que tendría que haberse
producido en seis meses- pero ya se sabe, nosotros tenemos plazos, la
administración, no- y la incertidumbre de la resolución, porque, según el Sr.
Jefe de Gestión, hasta los plazos son interpretables: es terrible oír esto, lo
medible no es interpretable, señores.
Con lo fácil que
sería hablar con los contribuyentes, tener las cosas claras y arreglarlo en
primera instancia- es decir, cuando fui a hacer la declaración a la Agencia
Tributaria.
Desde el 2008
hasta ahora la falta de información y el secretismo- parece que las resoluciones
las hacen en un bunker bajo tierra- han transformado Hacienda, y no para bien.
